Mostrar mensagens com a etiqueta EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016. Mostrar todas as mensagens

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016

EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

Rita Maestre, en el juicio: “Un torso desnudo no tiene por qué ofender, ni siquiera en un altar”

00000000 rita

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que está siendo juzgada este jueves por un delito de ofensa de los sentimientos religiosos por el asalto a la capilla católica del campus de Somosaguas en 2011, ha admitido que participó en ese hecho y que se quitó la camiseta quedándose en sujetador, “para protestar por la ocupación de un espacio público”.
Maestre ha dicho que “han pasado 5 años”, “fueron 5 minutos” y “no recuerda la literalidad” de los gritos que profirió en la capilla dentro de un grupo “de unas 20 personas” que, según las acusaciones, corearon eslóganes como “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “el Papa no os deja comernos las almejas”, “menos rosarios y más bolas chinas”, “contra el Vaticano poder clitoriano”, “arderéis como en el 36” o “sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios”.
Maestre ha admitido que se situó en la zona del altar de la capilla cuando el capellán y varias personas se encontraban en el lugar rezando.- ¿Usted fue de las personas que se quitó la camiseta?, preguntó la fiscal-Sí- Se quedó el sujetador- Sí- ¿No le parece ofensivo?- Bueno… Un torso desnudo no tiene por qué ofender.-¿Ni siquiera si eso se produce en un altar?- Es que no se realizó en ningún altar, no hubo ningún contacto con el altar.- Pero era la zona del altar, ¿le parece legítimo?- Las protestas pacíficas son legítimas.
La fiscal preguntó a Maestre si, con 22 años y estudiando Ciencias Políticas, conocía los derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa. “Claro -respondió la acusada-, pero no estábamos hablando de la libertad religiosa sino de que una facultad pública, con una histórica carencia de espacio, dedicara uno a una capilla católica o de cualquier otra confesión”.
Maestre se sienta en el banquillo de los acusados junto a su compañero de Facultad Héctor Meleiro acusados de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que castiga a quien “en un templo (…) ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados”.
Las tres acusaciones que intervienen en este proceso (el fiscal, el partido Alternativa Española y el Centro de Estudios Tomás Moro) piden un año de prisión para la joven, aunque las dos acciones populares plantean como posibilidad alternativa una pena de multa. La petición más benévola es la de la formación de extrema derecha, 3.600 euros, mientras que el Centro Tomás Moro eleva la cuantía a 144.000 euros.
El abogado del Centro de Estudios Tomás Moro ha propuesto al principio de la vista una prueba realizada por un psicólogo que ha analizado si, tal como ocurrieron los hechos, fueron intencionados y organizados. El defensor de Maestre se ha opuesto vehementemente. “Este tipo de pruebas nos recuerdan a los juicios de la Stasi”. La jueza ha rechazado la prueba.
El Ministerio Público reclama la imposición de una pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo (imposibilidad de ser elegido para un cargo público durante el tiempo de la condena), un gravamen que no piden las acciones populares.
El sacerdote Rafael Hernando, encargado de la capilla, ha declarado que las personas que integraban el grupo que ocupó el templo le empujaron y ha señalado que “entre las primeras estaba Rita”. “Actuaba como la líder que iba delante”, ha apuntado el testigo, que conocía a Maestre por ser compañeros de clase.
El capellán ha dicho que estaba en el despacho del templo y oyó gritos de personas que entraron en el recinto pese a su oposición. “Venían con pañuelos en la cabeza y gritando y les dije que así no podían entrar. Me empujaron. Yo me resistí pero no había manera de dialogar”, ha relatado.
El testigo señaló que se sintió “incomodado” y que, aunque no entró en la capilla, sí oyó al salir gritos contra la Iglesia. “¿Usted cree que ese acto era susceptible de ofender los sentimientos religiosos?”, le ha preguntado la fiscal. “Sí”, ha contestado el capellán.
“¿Vio usted a mujeres besándose en la boca?”. “¿Escuchó usted referencia a la virginidad de María, madre de Dios?”. Estas son otras preguntas que el jefe de Alternativa Española, organización sucesora de Fuerza Nueva, y el centro jurídico Tomás Moro han hecho a los testigos en el juicio.

EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

El Tribunal Supremo sentencia al hotel El Algarrobico a su derrumbe

0000000 alf

El Tribunal Supremo ha dejado al hotel del paraje de El Algarrobico, uno de los símbolos de la destrucción del litoral, al borde de su desaparición. Los magistrados han fallado sobre dos asuntos clave de la maraña de recursos judiciales que envuelven a este hotel construido en el Cabo de Gata (Almería), cuyas obras están paralizadas desde hace diez años.
Por un lado, el Supremo ha establecido que los suelos en los que se levantó no son urbanizables. Por otro, fija que los terrenos en los que está el edificio son propiedad de la Junta de Andalucía, que tras la polémica levantada hace una década ejerció el derecho de retracto.
El hotel, que comenzó a edificarse en 2003, se hizo dentro del parque natural de Cabo de Gata. Pero en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los jueces discrepan sobre si los suelos en los que está son urbanizables o no. Una sección de la sala de lo contencioso de Granada sentenció en 2012 que en ese terreno no se podía construir. Pero, dos años después, otra sección de la misma sala del TSJA falló lo contrario, que los suelos eran urbanizables. El Supremo ha zanjado este asunto al señalar que esos terrenos están en “área ambientalmente protegida y no en un área urbanizable”.
Estas sentencias difundidas este jueves se unen a una cadena de fallos contrarios al hotel. En estos momentos, según esos pronunciamientos judiciales, el edificio está en una zona donde no se podía construir e invade la zona de dominio público, como estableció también el Supremo en 2012. Además, los terrenos sobre los que se levanta son ahora de la Junta. No así el hotel, que seguiría siendo de la promotora.
José Ignacio Domínguez, abogado de las organizaciones ecologistas que batallan desde hace años contra esta construcción, ha indicado que, tras los últimos fallos, “el hotel está condenado”. La duda, reconoce, es el momento en el que se podrá derribar, un asunto en el que no entra el Supremo. Ninguna Administración o asociación ha pedido hasta ahora su demolición debido, principalmente, a la maraña de recursos que envuelven este caso.

El Supremo ha dejado claro que no entra en “la responsabilidad patrimonial” que puedan tener las Administraciones implicadas. La promotora del hotel, Azata, reclama 70 millones de euros al Ayuntamiento de Carboneras, a la Junta y al Gobierno central.
Una de las principales bazas con las que cuenta la promotora ahora en su reclamación es la licencia de obras. Esta fue anulada en primera instancia, pero la misma sección del TSJA que hoy ha sido corregida por el Supremo en el asunto de los suelos, falló en 2014 que la licencia que se le concedió es legal. Esa sentencia es firme, con lo que no cabe la posibilidad de ser anulada como ha ocurrido con el asunto de los terrenos.


EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

Carta de un agente municipal de Madrid sobre el acoso al concejal de Seguridad por policías

0000000 000

“¿A qué se dedican las UCS? No actúan en manifestaciones ya que el orden público es competencia del Cuerpo Nacional de Policía y porque el PP jamás les dotó de medios para trabajar en grandes concentraciones de personas ni para repeler un ataque. Algunos de ellos dicen que colaboran con los distritos. Mentira! Jamás les he visto ayudando a un compañero en apuros. La manifestación ha sido convocada por el sindicato CPPM, un sindicato pro PP que vivía muy bien durante sus gobiernos”.
Es un pasaje de una carta abierta escrita por un agente municipal de Madrid tras el acoso al concejal de Seguridad protagonizado este martes por unos 300 policías municipales. Este es el texto:
“Yo soy policía municipal de Madrid y me avergüenzo de la “manifestación” que ha tenido lugar contra el gobierno presidido por Manuela Carmena. No solo estoy en desacuerdo con el motivo de dicha convocatoria, ya que no creo que hubiesen razones objetivas para su celebración, sino que además pienso que estos compañeros han equivocado totalmente el modo de protestar, utilizando la misma violencia que tanto critican.
Gracias a Dios, somos muchos los que pensamos diferente. Somos muchos los que hoy nos solidarizamos con nuestro concejal agredido.Voy a tratar de explicar cuanta crueldad ha tenido este gobierno “anti-policía” con nuestro amado cuerpo y los puntos clave que han originado este enfrentamiento:
Nos han devuelto, sin ninguna obligación legal, el 25% de la paga extra que el PP nos robó en 2012. A finales de este mes nos devuelven, otra vez sin ninguna obligación legal y sin que el gobierno central actúe en la misma línea, el 50% restante de la misma. Están luchando para reintegrarnos el exceso de jornada que Ana Botella incrementó durante el verano. Tampoco tienen ninguna obligación legal de hacerlo. Es más, nadie se imaginaba que vería jamás ese ingreso en su nómina. Hablamos de 600 euros por policía.
Nos han consolidado las ayudas sociales que el PP nos arrebató: guarderias, estudios, odontología, optometría… Aún recuerdo cuando estos “pro policías” querían hurtarnos nuestros días de libranza e imponernos un convenio abusivo e inmoral. El miedo del Madrid Arena y la presión de los Juegos Olímpicos les hizo recular en el último minuto.
Han eliminado un curso de inglés inútil e inservible que Ana Botella nos impuso durante 102 horas al año. La mayoría lo superaba instalando un pequeño programa que repetía una secuencia mientras dormían. Han destruido el contrato por el que Ana Botella pretendía alquilar 636 patrullas (renault scenic básicos) a 58.000 euros cada uno, durante 4 años. Un robo a mano armada.
Posteriormente el Ayuntamiento ha realizado uno nuevo en el que ha comprado 130 Renault Scenic (más que suficientes), rotulados, con emisora, seguro, renting, mampara, rotativos, etc., por 20.000 euros cada uno. El ahorro es evidente. Estos son de color blanco porque así lo ordena la legislación europea.
¿Y qué ha hecho Carmena con el dinero ahorrado? Ha encargado 5.000 chalecos antibalas, valorados en 700 euros, para cada policía. ¿Qué hizo Ana Botella para abordar el problema de la falta de chalecos? Compró 7.000 camisetas interiores, de peor calidad que las básias del Zara (sólo somos 2.500 policías que trabajamos en la calle), para que pudiesemos utilizar, encima de ellas, los chalecos anti balas mugrientos que hay en el maletero de los patrullas. Lógicamente fueron a parar directamente a la basura. ¿Cuánto costó cada camiseta? 37 euros. 37 x 7.000 = mucho dinero robado.
Durante el gobierno del PP, cada policía tenía asignado 1.500 euros anuales para recambios de vestuario. A ver si alguien conoce a uno solo que piense que se han gastado en él tan solo 50 euros. Han cerrado tres bares municipales donde los policías desayunaban y merendaban.
¿Por qué lo han hecho? Porque los beneficios de estos (50.000 euros anuales) iban a parar al bolsillo de algún/os particular/es. Utilizaban dependencias municipales (pagadas por los madrileños) y policías municipales (pagados por los madrileños) para enriquecerse individualmente, sin pagar impuestos, alquieres de locales, ni declarar venta alguna, etc.
Algunos policías han asegurado que estos beneficios se empleaban para comprar las coronas de los compañeros fallecidos. Y así fue en una pequeñísima parte. Este gasto ha sido asumido por la Corporación, por primera vez en la historia.
El Ayuntamiento ha tratado por todos los medios de que los aspirantes a policías, que superaron su oposición hace meses, pudieran formarse en una academia situada en la ciudad de Madrid. La señora Cifuentes ha preferido que lo hagan en Ávila, cobrándoles la manutención, el alojamiento, la lavanderia, etc. Gracias al PP, cada alumno cobra únicamente 300 euros mensuales.
Gracias al PP, que no ha convocado oposiciones para policía durante 7 largos años, mientras la gente se jubilaba, falta personal. Las Unidades Integrales de Distrito, la base de la Policía Municipal de Madrid, están desbordadas. Sus integrantes no pueden librar lo que les corresponde porque las necesidades del servicio se lo impiden, y siendo tan pocos, se juegan la vida frecuentemente.
El Ayuntamiento, lógicamente, ha decidido reubicar al personal de ciertas unidades espcializadas para dar apoyo a los distritos. Este es el caso del GAZ, unidad que prestaba servicio de paisano para perseguir el botellón (600 euros de multa) y la venta ambulante.
Yo no digo que no sean temas importantes, porque para el que los sufre pueden ser capitales, pero creo que primero han de atenderse los accidentes, los incendios, los auxilios a personas, las reyertas, las violencias de género, etc. Una cosa es priorizar y otra muy distinta dejar de perseguir infracciones.
Pero sin duda el tema que ha desatado la ira del sector más radical del cuerpo, ha sido el siguiente: el Ayuntamiento pretende cambiar las UCS (antidisturbios municipales) por otra unidad similar que sea efectiva y reubicar mientras a sus agentes en los distritos, donde hacen mucha falta.
¿A qué se dedican las UCS? No actúan en manifestaciones ya que el orden público es competencia del Cuerpo Nacional de Policía y porque el PP jamás les dotó de medios (escopeta franchy) para trabajar en grandes concentraciones de personas ni para repeler un ataque. Gracias a Manuela Carmena ya no desahucian a familias.
Algunos de ellos dicen que colaboran con los distritos. Mentira! Jamás les he visto ayudando a un compañero en apuros. Dicen que hacen controles en la Cañada Real. ¿Y de qué sirven? El hecho de que allí se venda y se consuma droga es una decisión política. Las Barranquillas desaparecieron de la noche a la mañana por una decisión política.
Además del “sin sentido” de su existencia, a los componentes de las UCS les falta preparación. Están a años luz de la UIP en cuanto a técnicas de intervención. Físicamente, hay compañeros muy aptos, pero hay muchos otros con sobrepeso y/o edad avanzada. Compañero, despierta! Para que ellos vivan bien, TÚ debes renunciar a tu libranza y hartarte a trabajar.
Como dato añadiré que la manifestación fue convocada por el sindicato CPPM. Un sindicato pro PP, que vivía muy bien durante sus gobiernos, que nos vendió de manera vil y rastrera durante las últimas negociaciones con la Administración, y que ganó las elecciones regalando un Ipad a todo el que le votaba”.

EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

El (insoportable) coste de la ‘ciudad dispersa’

00000000 cc

Ha estado muy instalada, en la mentalidad de las clases medias de los países de nuestro entorno, la idea de mejora de nuestras condiciones de vida mudándonos a una casa en contacto con el terreno, con nuestra propia piscina, rodeados de buenos vecinos, de una situación socioeconómica similar o superior a la nuestra, que garantizaba que nuestros hijos crecerían sin malas compañías y con posibilidades de buenas relaciones futuras. Todo ello en urbanizaciones con buenos servicios, seguras y, sobre todo, bien comunicadas por medio de rápidas autovías para nuestros potentes automóviles.
Este nuevo modelo, que luego fue conocido como ‘ciudad dispersa’, venía avalado por muchas bienintencionadas propuestas o por utopías higienistas. Pero todos esos modelos fueron adoptados, convenientemente transformados y podríamos decir que prostituidos, con fines meramente especulativos. Crecieron como hongos repetitivas y monotemáticas urbanizaciones, desparramadas por todo el territorio, como manchas de aceite.
Muchos años después, tal vez ya demasiado tarde, nos dimos cuenta de que este modelo disperso de ciudad no solo no aumentaba la felicidad, sino que generaba inmensos problemas individuales y colectivos. Pero, sobre todo, este nuevo modelo que había sido caro de construir, que había dilapidado cantidades ingentes de territorio, que había sido depredador de todo tipo de recursos, que tampoco había conseguido aportar bienestar, era, sobre todo, por encima de todo, un modelo de ciudad caro, muy caro de mantener.
Diferentes estudios realizados en diversos países estiman que el coste de construcción de la ciudad dispersa duplica el coste de la ciudad compacta, pero el coste de mantenimiento de los servicios llega a triplicarse. No es posible mantener a costes razonables ni los servicios sanitarios, ni los educativos, ni los de dependencia, pero tampoco los de seguridad, policía, bomberos, etc… lo que lleva a considerar el modelo como totalmente insostenible.
Las viviendas situadas en la ‘ciudad dispersa’ dependen del vehículo privado, precisando casi un automóvil por habitante mayor de edad, generando unos grandísimos costes para cualquier tipo de desplazamiento. Estas urbanizaciones generan mucha ‘movilidad no deseada’. Para una empresa privada de transporte no es rentable dar servicio a las referidas urbanizaciones, por su baja densidad y para las Administraciones Públicas es ruinoso atender las necesidades de desplazamiento de sus moradores, además de probablemente injusto dar prioridad a estos servicios antes que otros más necesarios en zonas más deprimidas.
Lo mismo que sucede con el transporte ocurre con el resto de servicios e infraestructuras urbanos: el agua, el alcantarillado, la electricidad, las redes para las nuevas tecnologías, etc… No son solo muy caras de implantar, son muy caras de mantener en la ‘ciudad dispersa’. Por supuesto, los servicios de salud, educación, dependencia no pueden ser ubicados en estas urbanizaciones por su baja densidad.
Tampoco existen condiciones adecuadas para la implantación del pequeño comercio de cercanía, y si alguien osa abrir alguno de estos negocios tiene su ruina asegurada en un breve espacio de tiempo. Por lo tanto, los habitantes de estas pequeñas ciudades deben buscar la mayoría de los bienes y servicios que precisan para la vida cotidiana desplazándose en sus vehículos privados.
La ciudad dispersa genera muchos y muy distintos tipos de problemas, pero además es cara de construir y carísima de mantener. Es cara de mantener para la sociedad en su conjunto, ya que los ayuntamientos deben aportar y mantener unos determinados servicios con elevado coste por habitante. Es cara de mantener para sus usuarios, que deben destinar porcentajes elevados de sus recursos para desplazarse a adquirir bienes o disfrutar servicios que en la ciudad compacta son mucho más baratos e incluso alguno de ellos, gratuito.

0000000 bb


EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

Las capillas católicas siguen presentes en universidades, cuarteles y hospitales públicos

0000000 hk
Momento de la ocupación de la capilla de la Complutense

Este jueves, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, va a juicio acusada de participar en una protesta de la capilla católica de la Universidad Complutense del campus de Somosaguas en 2011 junto a un grupo de estudiantes. El fiscal le acusa de un delito de odio religioso y pide para ella un año de prisión e inhabilitación para presentarse a unas elecciones.
El caso pone de manifiesto la inusual presencia de la Iglesia católica en el ámbito público y, especialmente, la existencia de capellanías sufragadas con el dinero público en la universidad. Así que con el presupuesto universitario se sufraga luz, agua, mantenimiento, limpieza, además de la cesión del local. Del capellán, en los campus que tienen, se encarga la Iglesia.
En España existen al menos 33 capillas católicas en centros universitarios públicos. La gran mayoría, una veintena, se encuentra en Madrid. Ocho en la Complutense y la Politécnica, cuatro en la Autónoma y otra en la Rey Juan Carlos. Pero también hay tres en Sevilla y al menos una en Barcelona. La Laguna, Zaragoza, Alcalá, Alicante, Córdoba, Salamanca, Santiago, Oviedo, Huelva o Pamplona completan la lista.
En este caso, y a diferencia de lo que sucede en hospitales, las cárceles o el ejército, el Concordato de 1979 no obliga a las autoridades educativas a ofrecer ni a sufragar estos servicios, y solo indica que la presencia católica en las universidades “se hará de mutuo acuerdo con las diócesis”.
En los últimos tiempos, como también sucede en los hospitales, las universidades públicas están comenzando a habilitar salas multiconfesionales, espacios diáfanos y sin ninguna simbología religiosa para que cualquier persona sea cual sea su confesión, pueda encontrar un lugar en el que rezar.
En cuanto a los hospitales, la práctica totalidad de los centros públicos cuenta con capillas católicas aunque algunos, especialmente los nuevos, están creando “salas de culto” que pertenecen a la institución hospitalaria y no a un credo determinado. La presencia de capillas católicas también es una constante en tanatorios, centros penitenciarios y, por supuesto, en el ejército, donde existe una capellanía cuyo máximo responsable, el arzobispo castrense, tiene rango de general de división.
Los servicios religiosos en el Ejército los sufragan los presupuestos generales del Estado. En las cárceles y los hospitales, depende del acuerdo entre la diócesis y la administración autonómica, aunque la práctica habitual es que si el sacerdote trabaja como tal en alguna parroquia, reciba un complemento por su trabajo. Si no está adscrito a ninguna otra función, el sueldo forma parte del presupuesto de la prisión o el centro hospitalario correspondiente.
Según datos de 2014, en España existían 415 capellanes dedicados a tiempo parcial o completo en hospitales. En los centros penitenciarios trabajaban un total de 146 capellanes, la mayoría católicos, aunque también existen evangélicos, judíos y musulmanes. Su coste superaba los 300.000 euros para el Estado. En cuanto al Ejército, la información aportada por el gobierno hablaba de 74 capellanes castrenses, 2 vicarios episcopales y un arzobispo castrense. El coste de este servicio fue el año pasado de más de 470.000 euros.

EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

El alcalde que arreaba botellazos a quien le reprochaba que fumase en el bar del pueblo

0000000 9

El alcalde del pequeño pueblo zaragozano de Aguilón ha sido condenado a dos años de cárcel por golpear con una botella en un bar de la localidad a un vecino que le había reprochado que estuviera fumando en el local, violando la normativa antitabaco. El alcalde, del PP, dice que fue una “encerrona” y que “lo que les ocurre a estos señores es que lo que no pueden ganar en las urnas lo quieren ganar de cualquier forma”.
El condenado, Andrés Herrando Oliván, de 65 años y que lleva más de 20 años en la Alcaldía de este pueblo de unos 250 habitantes, lanzó una botella de cerveza contra José Luis O.R. y le provocó una herida en la cabeza, que precisó tratamiento quirúrgico y sutura y de la que sanó sin secuelas tras dieciséis días de tratamiento.
Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de octubre de 2013, cuando Herrando estaba sentado en una mesa, bebiendo un botellín de cerveza y fumando. Al observar que fumaba, la víctima “se lo reprochó y le indicó que iba a llamar a la Guardia Civil, saliendo a la calle para hacer una llamada”, explica el texto de la sentencia. Cuando volvió, el alcalde “se levantó y, con inequívoco ánimo de menoscabar la integridad corporal” de la víctima, le lanzó la botella, “que impactó en su cabeza”, se lee en el texto.
El alcalde ha afirmado que tiene intención de recurrir la sentencia, y ha asegurado que le prepararon una “encerrona”. Según dice, el problema viene de “muy antiguo”, y asegura que “lo que les ocurre a estos señores es que lo que no pueden ganar en las urnas lo quieren ganar de cualquier forma”.

EL VENTANO - 18 DE FEVEREIRO DE 2016

“Tuve que abortar sola en el cuarto de baño del hospital”

00000000 vc

“Tuve que abortar sola en el cuarto de baño de una habitación del hospital público de A Coruña hace dos años. Estaba de cinco meses, tras someterme a un tratamiento de fertilidad, y mi bebé tenía malformaciones”. María (nombre ficticio de una coruñesa de 40 años), recuerda el calvario que pasó para expulsar, sin asistencia sanitaria y sin epidural, el feto que tanto trabajo le había costado concebir. La dirección del centro afirma que “cumplimos el procedimiento normal”.
Dos años después, la plataforma por el derecho al aborto convoca una concentración para este jueves en el hospital coruñés para denunciar el mismo trato, “que incumple todos los protocolos internacionales”, a las mujeres que acuden a someterse a una interrupción del embarazo a partir de las 14 semanas de gestación.
María ingresó en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña un lunes sobre las 10 de la mañana, y la enfermera de planta y una auxiliar le dieron los comprimidos para a inducción del parto con las explicaciones pertinentes. “Hasta después de las 11 de la noche, una vez que conseguí expulsar el feto, no me visitó la ginecóloga”, asegura. Abortó sola en el váter, tras introducirse ella misma en la vagina, cada dos horas, los comprimidos.
La situación no ha cambiado. Las embarazadas de más de 14 semanas de gestación que acuden a abortar al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña en los supuestos recogidos en la ley, siguen pasando por lo mismo que ella, según denuncia la Plataforma gallega en defensa del aborto. Tanto este colectivo como el Centro de Planificación Familiar de A Coruña aseguran que el hospital aboca a las mujeres a abortar solas en su cama o en el váter de la habitación y sin anestesia.
El caso de María desmiente la versión de los responsables del hospital. La ginecóloga la atendió por primera una vez cuando consiguió, por fin, expulsar al feto. La enfermera y la auxiliar acudieron entonces a limpiarla “y se fueron las tres”. Cuando salió del hospital intentó denunciar lo ocurrido, aunque, tal y como explica, le faltaron fuerzas: acabó asistiendo a terapia psicológica en el centro municipal de planificación. Por eso cuenta su caso ahora. “Quiero sacarme esta espina porque no pude en su momento”, explica.
Las mujeres que acuden ahora al hospital de A Coruña con una gestación superior a las 14 semanas se encuentran con dos opciones para interrumpir el embarazo; y que se incluye en los supuestos contemplados por la ley en vigor (malformaciones fetales incompatibles con la vida o problemas de salud para la madre). Pueden elegir entre someterse al aborto sin apoyo sanitario en el hospital público o acudir a una clínica privada-concertada en Madrid.
La situación se mantiene pese a las denuncias reiteradas de asociaciones feministas y de la Plataforma en defensa del derecho al aborto que sostiene que, el pasado julio, remitió un escrito a la Gerencia y a las directoras médica y de enfermería del centro hospitalario describiendo el incumplimiento de los protocolos internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos —en los que se especifica que la mujer que aborta debe ser atendida en todo momento por profesionales de ginecología, médico o matrona, y que deben tener un aborto asistido en un paritorio y no en la habitación de ingreso—.

Etiquetas

Quem são os novos rostos do Governo? O perfil dos ministros do XXIV Executivo - 29 DE MARÇO DE 2024

  Quem são os novos rostos do Governo? O perfil dos ministros do XXIV Executivo Paulo Rangel como ministro dos Negócios Estrangeiros O Minis...

Arquivo do blogue

Seguidores

Pesquisar neste blogue